La modernización del Estado y de sus instituciones tiene como finalidad mejorar la calidad en las prestaciones y servicios públicos. La justicia constituye un medio dirigido a la ciudadanía que tiene como prioridad mejorar la atención y protección de las víctimas del delito, especialmente de las más vulnerables, como son las personas menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
El Ministerio de Justicia está seriamente comprometido no solo con la seguridad y el bienestar de las personas, sino también con la justicia y la igualdad. Somos muchas personas las que intervenimos en el proceso y todas debemos colaborar en su transformación, implantando actuaciones que permitan ofrecer un servicio público de justicia moderno, accesible, ágil y de calidad.
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ha introducido importantes modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y entre ellas la prueba preconstituida, estableciendo su práctica con carácter general en fase de instrucción con la intervención de persona experta, cuando la declaración tenga que ser prestada por personas menores de catorce años o personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
La prueba preconstituida humaniza la justicia, coadyuva al adecuado ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, adecuando la justicia al justiciable y situando a las víctimas en el centro del sistema para mejorar su protección y contribuir a su pronta recuperación, mitigando los efectos derivados del proceso penal, en armonía con el espíritu de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
Esta guía de buenas prácticas nace del compromiso adquirido con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y la Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia, de brindar una especial protección a menores y a personas con discapacidad durante su participación en el proceso penal, en atención a sus particulares circunstancias, pero también para dar relevancia al papel que la psicología forense presta a la Administración de Justicia y velar por el impulso y reconocimiento de los valores éticos y deontológicos, así como por la implantación de todas aquellas actuaciones conducentes a la mejora de la calidad.
A las psicólogas y psicólogos forenses, espero que sirva de guía práctica en su actividad diaria y permita reforzar su espíritu de servicio público.
A la Administración de Justicia y a otros grupos de interés, deseo les permita mejorar la atención y dar respuesta a las necesidades concretas de las personas que precisan una especial protección.
Enlace: https://www.mjusticia.gob.es/es/ElM... Prueba preconstituida_Psicología forense.pdf
El Ministerio de Justicia está seriamente comprometido no solo con la seguridad y el bienestar de las personas, sino también con la justicia y la igualdad. Somos muchas personas las que intervenimos en el proceso y todas debemos colaborar en su transformación, implantando actuaciones que permitan ofrecer un servicio público de justicia moderno, accesible, ágil y de calidad.
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ha introducido importantes modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y entre ellas la prueba preconstituida, estableciendo su práctica con carácter general en fase de instrucción con la intervención de persona experta, cuando la declaración tenga que ser prestada por personas menores de catorce años o personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
La prueba preconstituida humaniza la justicia, coadyuva al adecuado ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, adecuando la justicia al justiciable y situando a las víctimas en el centro del sistema para mejorar su protección y contribuir a su pronta recuperación, mitigando los efectos derivados del proceso penal, en armonía con el espíritu de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
Esta guía de buenas prácticas nace del compromiso adquirido con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y la Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia, de brindar una especial protección a menores y a personas con discapacidad durante su participación en el proceso penal, en atención a sus particulares circunstancias, pero también para dar relevancia al papel que la psicología forense presta a la Administración de Justicia y velar por el impulso y reconocimiento de los valores éticos y deontológicos, así como por la implantación de todas aquellas actuaciones conducentes a la mejora de la calidad.
A las psicólogas y psicólogos forenses, espero que sirva de guía práctica en su actividad diaria y permita reforzar su espíritu de servicio público.
A la Administración de Justicia y a otros grupos de interés, deseo les permita mejorar la atención y dar respuesta a las necesidades concretas de las personas que precisan una especial protección.
Enlace: https://www.mjusticia.gob.es/es/ElM... Prueba preconstituida_Psicología forense.pdf