El presente trabajo analiza el tratamiento que la normativa penal y penitenciaria española ofrece a las personas con problemas de salud mental (o con discapacidad psicosocial)que son acusadas de un delito y entran en contacto con el medio penitenciario. El análisis revela que este colectivo es víctima de una discriminación y un maltrato institucional cuya erradicación exige cambios relevantes en la legislación, las políticas públicas y la mentalidad social, a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos cambios se orientan a cuatro objetivos básicos: 1) evitar situaciones de desatención que aboquen a las personas con problemas de salud mental a entrar en el ciclo delictivo; 2) potenciar su desviación del medio penitenciario hacia respuestas más resocializadoras; 3) garantizar que quienes entren en prisión puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que todas las personas internas; 4) erradicar prejuicios y estereotipos promoviendo la formación de profesionales y la toma de conciencia por parte de la sociedad de la situación de desventaja de este colectivo.
Enlace: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8498674
Derechos: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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