El presente artículo analiza la regulación del régimen cerrado penitenciario, contenida en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y su compatibilidad con los requisitos derivados del principio de legalidad, proclamado en la Constitución Española. En el texto se examina si la manifestación más extrema del ius puniendi del Estado cumple las exigencias de los mandatos de lex propria y lex certa.
Enlace: https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/332593/423372
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