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El acceso a la justicia ambiental a partir del Convenio de Aarhus: propuestas para un acceso efectivo a la justicia en conflictos ambientales
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<blockquote data-quote="Admin" data-source="post: 590" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: justify">La investigación ha consistido en un recorrido por los fundamentos jurídicos internacionales del acceso a la justicia. Desde su reconocimiento como tercer pilar de la “democracia ambiental” en el Principio Décimo de la Declaración de Río de Janeiro en 1992 hasta su plasmación en el reciente Acuerdo de Escazú en 2018. Sin duda el referente legislativo al que más relevancia se le reconoce es al Convenio de Aarhus, firmado en 1998, y que supuso la primera vez que España y la Unión Europea asumían obligaciones concretas para mejorar el acceso a la justicia ambiental. El trabajo analiza cómo la Unión Europea ha asumido los mandatos del Convenio de Aarhus en su legislación dirigida no sólo a los Estados Miembros sino también a sus propias instituciones. En dicho análisis crítico se exponen las luces y las sombras de un desarrollo normativo incompleto y de una jurisprudencia expansiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se realiza un examen de la incorporación de los derechos y obligaciones del Convenio de Aarhus en España que, en materia de acceso a la justicia, da como resultado una realidad ciertamente insuficiente, como se acredita con casos concretos que han sido denunciados al Comité de Cumplimiento del propio Tratado. La última parte del trabajo supone una evaluación de las principales barreras sustantivas y económicas que se presentan cuando los ciudadanos acuden a los tribunales en la defensa del medio ambiente. Seguidamente, y en base experiencias en otros ordenamientos jurídicos, se presentan una serie de propuestas para superar tales barreras. Los objetivos de la investigación han sido: 1. Poner a disposición de la comunidad científica jurídica un análisis detallado de las condiciones del acceso a la justicia ambiental en el Estado español, tras los avances jurídicos resultado de la ratificación del Convenio de Aarhus por el Reino de España y la propia Unión Europea. 2. Presentar una investigación y una evaluación de las principales barreras que se producen en la práctica de los Tribunales y de los retos que presenta una tutela judicial efectiva de los intereses ambientales. 3. Aportar un catálogo de propuestas provenientes en su mayoría del Derecho Comparado que pudieran convertirse en medidas de lege ferenda. La metodología surge de la exégesis de fuentes del Derecho tales como disposiciones jurídicas y resoluciones de órganos internacionales y nacionales referidas a la protección ambiental y a la garantía de los derechos derivados de tal protección, así como de la lectura crítica de obras de doctrina científica referidas sobre todo a la materia de Derecho Internacional Público, Derecho Administrativo y Derecho Procesal. Dado el reciente interés que despierta la temática de la justicia ambiental derivada del Convenio de Aarhus mucha de las obras consultadas provienen de fuera del Estado español, lo que obliga a consultar bibliografía y jurisprudencia en inglés y en ocasiones, en alemán. De interés resulta la consulta de textos iberoamericanos para la comprensión de los mecanismos procesales avanzados que en materia de procesos colectivos se llevan a cabo en Brasil, Argentina y Chile. La jurisprudencia comentada proviene no sólo de Tribunales nacionales o regionales, sino que se extiende en gran medida a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Corte Europea de Derechos Humanos e incluso las recomendaciones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus. Entre las conclusiones o resultados podemos destacar la propuesta de medidas tales como el reconocimiento de la “acción popular” en asuntos ambientales, regímenes especiales para la práctica de la prueba, las medidas cautelares, la asistencia jurídica gratuita y las costas del proceso, así como la creación de tribunales ambientales específicos.</p> <p style="text-align: justify"></p> <p style="text-align: justify">Enlace: <a href="http://hdl.handle.net/10201/65283" target="_blank">http://hdl.handle.net/10201/65283</a></p> <p style="text-align: justify"></p> <p style="text-align: justify">Derechos: <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" target="_blank">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Admin, post: 590, member: 1"] [JUSTIFY]La investigación ha consistido en un recorrido por los fundamentos jurídicos internacionales del acceso a la justicia. Desde su reconocimiento como tercer pilar de la “democracia ambiental” en el Principio Décimo de la Declaración de Río de Janeiro en 1992 hasta su plasmación en el reciente Acuerdo de Escazú en 2018. Sin duda el referente legislativo al que más relevancia se le reconoce es al Convenio de Aarhus, firmado en 1998, y que supuso la primera vez que España y la Unión Europea asumían obligaciones concretas para mejorar el acceso a la justicia ambiental. El trabajo analiza cómo la Unión Europea ha asumido los mandatos del Convenio de Aarhus en su legislación dirigida no sólo a los Estados Miembros sino también a sus propias instituciones. En dicho análisis crítico se exponen las luces y las sombras de un desarrollo normativo incompleto y de una jurisprudencia expansiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se realiza un examen de la incorporación de los derechos y obligaciones del Convenio de Aarhus en España que, en materia de acceso a la justicia, da como resultado una realidad ciertamente insuficiente, como se acredita con casos concretos que han sido denunciados al Comité de Cumplimiento del propio Tratado. La última parte del trabajo supone una evaluación de las principales barreras sustantivas y económicas que se presentan cuando los ciudadanos acuden a los tribunales en la defensa del medio ambiente. Seguidamente, y en base experiencias en otros ordenamientos jurídicos, se presentan una serie de propuestas para superar tales barreras. Los objetivos de la investigación han sido: 1. Poner a disposición de la comunidad científica jurídica un análisis detallado de las condiciones del acceso a la justicia ambiental en el Estado español, tras los avances jurídicos resultado de la ratificación del Convenio de Aarhus por el Reino de España y la propia Unión Europea. 2. Presentar una investigación y una evaluación de las principales barreras que se producen en la práctica de los Tribunales y de los retos que presenta una tutela judicial efectiva de los intereses ambientales. 3. Aportar un catálogo de propuestas provenientes en su mayoría del Derecho Comparado que pudieran convertirse en medidas de lege ferenda. La metodología surge de la exégesis de fuentes del Derecho tales como disposiciones jurídicas y resoluciones de órganos internacionales y nacionales referidas a la protección ambiental y a la garantía de los derechos derivados de tal protección, así como de la lectura crítica de obras de doctrina científica referidas sobre todo a la materia de Derecho Internacional Público, Derecho Administrativo y Derecho Procesal. Dado el reciente interés que despierta la temática de la justicia ambiental derivada del Convenio de Aarhus mucha de las obras consultadas provienen de fuera del Estado español, lo que obliga a consultar bibliografía y jurisprudencia en inglés y en ocasiones, en alemán. De interés resulta la consulta de textos iberoamericanos para la comprensión de los mecanismos procesales avanzados que en materia de procesos colectivos se llevan a cabo en Brasil, Argentina y Chile. La jurisprudencia comentada proviene no sólo de Tribunales nacionales o regionales, sino que se extiende en gran medida a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Corte Europea de Derechos Humanos e incluso las recomendaciones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus. Entre las conclusiones o resultados podemos destacar la propuesta de medidas tales como el reconocimiento de la “acción popular” en asuntos ambientales, regímenes especiales para la práctica de la prueba, las medidas cautelares, la asistencia jurídica gratuita y las costas del proceso, así como la creación de tribunales ambientales específicos. Enlace: [URL]http://hdl.handle.net/10201/65283[/URL] Derechos: [URL]http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/[/URL][/JUSTIFY] [/QUOTE]
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